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APOYOS FINANCIEROS A LA RECONSTRUCCIÓN


Tras las guerras mundiales del siglo pasado, los países afectados establecieron tasas impositivas elevadas a las grandes fortunas para que ayudaran a la reconstrucción de los territorios devastados. Así, para sufragar los gastos de la última gran contienda, en EE.UU, Alemania y Japón, los tipos marginales impositivos alcanzaron cifras del 70%-80% de los ingresos. 

Siete décadas después del gran conflicto bélico, la pandemia del coronavirus Covid-19 ha obligado a los Estados a incrementar su intervención en la economía, con aumento notable del gasto público, para amortiguar las consecuencias del cese temporal de la actividad, a fin de evitar la extensión de los contagios. El gigantesco socavón presupuestario que se está produciendo en España, además de las ayudas europeas va a requerir un mayor esfuerzo fiscal, en base a la riqueza y la renta de los ciudadanos del país. 

A medida que transcurre el tiempo resulta más evidente que la crisis sanitaria y económica del coronavirus Covid-19 va a tener un impacto semejante al de un gran conflicto bélico, porque alterará los hábitos de vida, las formas de trabajo y removerá las estructuras productivas. 

En muchas ocasiones se confunden renta y riqueza, pero mientras la renta es un flujo regular, la riqueza constituye un fondo, resultado de ir acumulando la renta que no se gasta. El ingreso corriente o renta es el flujo de recursos que proviene del rendimiento de la actividad desarrollada en cada ejercicio económico. 

El conservadurismo político ha tendido a aceptar la desigualdad entre las rentas de los ciudadanos como un hecho poco menos que inevitable y se ha opuesto a la imposición progresiva, argumentando que un cambio en la distribución de ingresos podría traer ineficiencia, desempleo y crisis. Sin embargo, como señalan los estudios de Piketty, la reducción de las desigualdad en algunos períodos no ha ocasionado ninguna catástrofe, sino que ha propiciado sociedades más prósperas. 

Cuando el poder económico se democratiza, extendiéndose por la sociedad, las demandas de la población acaban influyendo en las políticas públicas, dando lugar a la progresividad en gastos e ingresos, lo cual lleva al incremento de la imposición a los más ricos, reduciendo el nivel de desigualdad, 

La imposición sobre las rentas más elevadas puede vehiculizarse desde los tipos máximos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la imposición sobre las rentas del capital y la que grava a sucesiones y donaciones. Las variaciones en estos impuestos en España en los últimos años reflejan una reducción en el gravamen a las rentas altas, que disminuye la capacidad redistributiva del sistema fiscal. 

Una formación política ha registrado en el Congreso español una propuesta no de ley que afecta a la renta, a modo de “Tasa Covid” temporal, en la que se plantea la creación de tramos extraordinarios en el IRPF para las rentas más elevadas, comenzando en el 47% a las superiores a 100.000 euros anuales y que llegue al máximo del 60% para los ingresos que superen 600.000 euros. 

La propuesta de un impuesto sobre la riqueza viene de los economistas Zucman, Saez y Landais, de la Universidad de California y de la London School of Economics, que sugieren crear una tasa temporal sobre el patrimonio. Señalan que debería ser a nivel de la Unión Europea para evitar la fuga de capitales, y vendría a aliviar el impacto de la pandemia en las arcas públicas. 

Estos economistas plantean que los poseedores de una riqueza neta (patrimonio) superior a 2 millones de euros abonen al año un 1% de su riqueza, un tipo que se elevaría al 2% cuando se superen los 8 millones y al 3% al sobrepasar los 1.000 millones. 

Los economistas señalan que las tasas no son descabelladas, porque están en línea con las aplicadas por países europeos que tenían impuestos sobre el patrimonio hasta hace poco, tales como Alemania, Dinamarca y Suecia. 

Según los cálculos de los expertos, el gravamen podría aportar en torno al 1% del PIB de la Unión Europea, lo cual significa que, si fuera necesario un fondo especial equivalente al 10% del PIB para afrontar los gastos extraordinarios del coronavirus, la recaudación permitiría pagar la deuda extra en 10 años. 

De este modo, los fondos con origen en los gravámenes impositivos en el propio país vendrían a ser transferencias entre individuos en base a rentas y patrimonios, que tendrían el efecto de reducir la desigualdad. 

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