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EL ESTADO EN TIEMPOS DE CRISIS


El Estado ha sido considerado en la historia del pensamiento económico durante mucho tiempo como necesario pero improductivo, atribuyéndole los calificativos de gastador y regulador. Se le ha asignado la misión de fijar las reglas de juego e invertir en bienes básicos como las infraestructuras y la educación. 

Su actividad se ha restringido al campo de los bienes públicos, aquellos que benefician a más de un usuario a la vez y, por tanto, requieren de una provisión pública (alumbrado de las calles, parques, puentes…). Se le asigna el papel de corregir los fallos del mercado, aquellas actividades en las que el sector privado no invierte lo suficiente, por lo que, sin la intervención pública, amplios grupos sociales no podrían acceder a bienes y servicios básicos, tales como sanidad, educación o justicia. 

Está implantada la idea de que el Estado es ineficiente y su papel ha de ser limitado para evitar interferencias con el mercado. Debe centrarse en crear las condiciones que permitan el desarrollo empresarial, proteger la propiedad privada y asegurar el Estado de derecho. 

Como apunta la profesora Mazzucato, en gran medida, la economía nació como una disciplina para reivindicar la primacía productiva del sector privado. Era necesaria para establecer las condiciones para la producción de bienes y servicio, y representaba una fuerza estabilizadora de fondo, sin que llegara a ser un elemento productivo. 

Pero resulta difícil entender que el Estado no crea valor, cuando esta envuelto en tareas como rescatar bancos e invertir tanto en infraestructuras como en educación y ciencia básica, al tiempo que financia tecnologías e innovaciones que transforman la sociedad. 

Keynes propuso un nuevo papel para el Estado. Cuando el sector privado recorta la producción por las bajas expectativas, el sector público puede intervenir de manera positiva aumentando la demanda mediante un gasto adicional que fomente el consumo y la inversión privada, elevando el nivel del PIB. 

Por tanto, el Estado puede crear valor en la medida que permite incrementar la producción de bienes y servicios, lo cual supone un cambio en la manera de considerar el papel fundamental del sector público en la economía. 

Vemos en el gráfico cómo el gasto público se ha incrementado cerca de 10 puntos porcentuales sobre el PIB en 2020, cuando el Gobierno lanzó los programas de apoyo a las empresas y autónomos afectados por la pandemia del coronavirus Covid-19. 

En los presupuestos generales para 2021, el sector público en España ha asumido un papel aún más relevante, incrementando su nivel de gasto en un 19,4% respecto al año anterior, sobre todo para apoyar a empresas y autónomos, ante la merma de actividad en sectores como la hostelería, el turismo, el comercio y otras ramas 

Con la pandemia, incluso los más acérrimos neoliberales están solicitando regulaciones del mercado más estrictas y un papel más activo para el Estado en casi todos los países. En tiempos normales, los gastos de las familias y las inversiones privadas son las que impulsan el crecimiento económico, pero en períodos de crisis se solicita la protección del sector público. 

Dado que los mercados son inestables, pueden permanecer en niveles de actividad anormalmente bajos durante períodos considerables, sin dar señales de recuperación. En estas circunstancias, la intervención del Estado como “gastador de último recurso” resulta relevante. 

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